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Aunque para el presente año -2013- se realizan en Colombia diálogos encaminados a la consecución de la paz, continúan siendo  revelados actos de guerra en ubicaciones específicas de Colombia, en su mayoría los lugares son controlados y obligan al campesino a entrar en una condición de desplazamiento, estos grupos armados hacen presencia en al menos 209 municipios ,según informes de la Corporación Nuevo Arcoíris  los cuales son espacios que por sus características geográficas y hasta climáticas hacen eficientes la producción de pasta y base de coca.  En un informe realizado por la SIMCI-ONU en Colombia 64.000 hectáreas (640 km2 ) están destinados a la coca, lo cual es casi dos veces el tamaño de la ciudad de Medellín, estos en su mayoría concentrados en las regiones de las regiones de la costa Caribe, costa Pacífica y Antioquia.



Por este motivo la intervención de grupos armados no se ve exclusivamente ligado a actos violentos en las poblaciones a lo largo del territorio nacional sino también se encuentra en directa vinculación  con actividades económicas ilícitas que repercuten en  diligencias que presentan algún tipo de control territorial y en la mayoría de los casos electorales debido a la apropiación de zonas geoestratégicas que los conduce a esto.



 

Cifras

En estudios de la Corporación Nuevo Arcoíris, se registra que penosamente para la mitad del año 2011 el desplazamiento causado por los Neo-militares, había llegado hasta 11.898 desplazamientos individuales mientras que en el 2010 el total había sido de 19.057 personas.

El desplazamiento forzado es uno de las pocas opciones con las que se encuentran los campesinos al verse involucrados en una impacto psicológico empleado por las bandas criminales, las cuales tienen como propósito incentivar el miedo y que por la angustia se encuentren obligados a abandonar sus terrenos además porque prefieren desalojar sus tierras que encontrarse con la posibilidad de que estos grupos armados puedan optar por reclutar a sus hijos y llevarlos al interior de la selva  o también con la probabilidad de que sean asesinados, según informe de la revista Semana, 18.000 menores han sido reclutados como combatientes por grupos armados ilegales en Colombia en los últimos años.

 

Este es el resultado de una crisis psicológica que se basa principalmente en la intimidación, hacer percibir en la vícitima el máximo de miedo posible, esta es la acción propia de estos grupos armados que en la mayoría de los casos concluye en  homicidios, haciendo que el campesino o ciudadano se encuentre en la obligación de ser testigo presencial  de los actos violentos contra personas de la población y también contra personas asociadas a la  defensa de los Derechos Humanos, los cuales se reporta un promedio anual de 25 asesinatos con mayores índices en la 3 regiones nombradas anteriormente: costa Caribe, costa Pacífica y Antioquia con un total de 40. 39 y 26 víctimas correspondientemente de acuerdo al informe Arcanos número 17 de la Corporación Nuevo Arcoíris.

En los departamentos de Colombia, es una constante encontrar municipios donde debido a los antecedentes de guerra y violencia, se encuentran, en su mayoría  poblados por las FF.MM, los cuales custodian a la poca población que los habita en el que la gran mayoría son víctimas del conflicto armado.  “Un ejemplo es el departamento de Arauca, uno de los más militarizados del país. Algo más de 20 mil miembros de la Fuerza Pública se encuentran en la zona. De ellos, cerca del 70% están dedicados a proteger oleoductos, torres de energía y las 3 principales vías de comunicación del departamento; el restante 30% se dedica a lo que se pueden considerar operativos militares” afirma la Corporación Nuevo Arcoíris”.

En el primer informe especial que realiza el CINEP (centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz) con los resultados del año 2012 se revela las acciones bélicas de los grupos armados de Colombia encontrando que las intervenciones de la Fuerza Pública ha disminuido en comparación a avances logrados en años anteriores como en el  año 2007 donde estas acciones eran superiores a los demás grupos armados y los cuales trajeron grandes avances en cuanto a represiones y desmovilizaciones a diferencia del último año censado -2011- donde las acciones bélicas de las FARC están por encima de las 200 en comparación con la casi nula actuación del ELN, los paramilitares y otras guerrillas que se encuentran en cero actividad o por debajo de cinco.



En cuanto a las acciones bélicas que infraccionaron el DIH (Derecho Internacional Humanitario), para el 2011, se encuentra que estas acciones están por encima de las 1000, llegando al rango de las 1500 de esta manera perdiendo el balance que se había establecido en los años 2006-2009 en el que se distanciaba por poco de las 1000 acciones, haciendo evidente el gran auge de violencia en las regiones Colombianas atentando contra líderes sociales que buscaban hacer valer los derechos de la sociedad.

En un reportaje realizado por Revista Semana, se encuentra la contextualización mediante cifras del Conflicto Armado   el cual revela mediante comparaciones entender la dimensión de la situación en Colombia como ejemplo este resultado que arrojo que “23. 800 billones de pesos es el presupuesto del 2012 para la defensa. Cifra siete vece mayor a lo que invertiría el Gobierno en las 100.000 viviendas gratuitas para lo pobres.”

Según informe de la Corporación Nuevo Arcoiris, la relaciones entre el ELN y las FARC durante los últimos tres años han pasado por tres etapas: la primera la confrontación de las guerrillas entre los años 2006-2009, lo que llevó a una disminusión de las acciones contra la Fuerza Pública; el acuerdo de no agresión entre el secretariado de las FARC y el Comando Central, COCE del ELN, establecido en diciembre de 2009 y el cual no se ha aplicado en la región de Arauca hasta el año 2010; la etapa actal de coordinación entre las guerrillas para mantener las zonas de retaguardia y movilidad, lo que ha permitido la facilidad en las maniobras y el aumento de las acciones violentas por parte de estos dos grupos armados en contra de la Fuerza Pública.

Pese a los esfuerzos que realiza anualmente el Gobierno en la lucha contra el conflicto armado la magnitud del control de los grupos armados varía sustancialmente y cada vez que se da de baja a un cabecilla hay una persona que lo suplanta inmediatamente involucrando cada vez más a los pobladores de  municipios que son víctimas de las zonas de interés para estos insurgentes por su abundancia en recursos naturales y salidas a ríos y mares que son benefactores en el negocio del narcotráfico, por esto la similitud de territorios explotados para la producción de coca y la presencia de los grupos armados.

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